Emilia Saborío. Octubre 2021
La Defensoría de los habitantes ha definido a la participación ciudadana como “…el derecho de todo habitante a participar en la definición de reglas, derechos y obligaciones y a contar con mecanismos que garanticen que estos derechos se hagan efectivos”, aclarando, que en materia de salud, la verdadera participación implica “la injerencia de la ciudadanía en la definición de políticas y regulaciones, funcionamiento y prestación de los servicios de salud.”.
Por su parte los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos resaltan la obligación del Estado de promover la participación ciudadana en el establecimiento de prioridades, la toma de decisiones, la planificación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de salud.
Lo anterior por cuanto la gestión pública corresponde a la sociedad en su conjunto y no únicamente al gobierno, quien es únicamente el administrador de la gestión y como tal encargado de satisfacer el interés público, que no es otra cosa sino “la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”; interés que, debe prevalecer sobre el de la Administración Pública cuando puedan entrar en conflicto.
¿Qué debe hacer el Estado?
- Fomentar la participación de la población en las decisiones a nivel nacional y comunitario en materia de salud.
- Adoptar instrumentos jurídicos concretos para garantizar esta participación ciudadana y remover todos los obstáculos que esa participación sea efectiva.
- Fortalecer la confianza y la cooperación entre las instituciones públicas y las entidades de la sociedad civil para mejorar los servicios de salud.
¿Cuáles son los beneficios de la participación ciudadana?
Contrapesa el poder de los políticos y los funcionarios en la gestión pública.
Favorece el desarrollo de la salud comunitaria, al asignársele responsabilidades a la comunidad en la planificación, la administración, gestión y control de las acciones que buscan el mejoramiento de la salud de la comunidad (DH)
Permite contar a las instituciones públicas con la información necesaria acerca de las necesidades de salud de los habitantes, para su satisfacción.(DH)
Habilita a las mismas personas a ejercer un mejor control social sobre el sistema.(DH)
La seguridad social constituye uno de sus pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y la estabilidad del sistema depende de la excelencia en la prestación de esos servicios. Esta excelencia sólo se alcanzará en la medida en que se tome consciencia de la trascendencia de involucrar a la sociedad civil en el diseño y la ejecución de las políticas públicas en materia de salud.
En este tema, el Informe del Estado de la Nación ha dicho con mucha razón.
En una democracia, la ciudadanía no es simplemente una audiencia de los gobernantes. La soberanía del poder reside en ella y este es el fundamento de su participación en la política.
(PEN:2001).
